Congreso de Guatemala aprueba polémica reforma de ley para control de las ONG
El Congreso de Guatemala aprobó este martes una reforma de ley que regula y fiscaliza a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG), ante la oposición de varias bancadas minoritarias y diversos sectores de la sociedad civil.
La reforma de la “Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo” contó con el apoyo de 82 diputados y casi al final de la noche fue validada en su totalidad.
Según el Congreso guatemalteco, la reforma de la ley permitirá “transparentar y fiscalizar” a las organizaciones no gubernamentales radicadas en el país centroamericano.
La nueva normativa establece en su artículo 13, uno de los más polémicos, que las organizaciones no gubernamentales no podrán usar donaciones o “financiamiento externo” para “realizar actividades que alteren el orden público” en territorio nacional.
“Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externo para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada” y “sus directivos responsables serán imputados conforme a la legislación penal y civil vigente”, señala la normativa. .
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Guatemala manifestó sus reservas con respecto a la acontecido en el Congreso.
“La reforma a la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales podría afectar a la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada”, detalló la oficina de la ONU en Guatemala mediante sus canales de comunicación.
“ONU Guatemala recuerda la importancia de adoptar leyes y políticas que garanticen espacios de participación democrática”, añadió la entidad internacional.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había expresado en 2019 su preocupación por la ley, que introduce “requisitos y controles administrativos aplicables a ONG nacionales e internacionales” que “en la práctica pueden usarse de manera discrecional o arbitraria para limitar” su labor.
La iniciativa 5257, que dio paso a las reformas, surgió en 2017 y fue validada por una comisión legislativa en 2018, pero le faltaba un debate final para su aprobación.
El origen de la ley es, según diversas fuentes, un intento de varios diputados de la anterior legislatura (2016-2020) de contrarrestar la lucha anticorrupción emprendida desde 2015 por el Ministerio Público guatemalteco y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Con la misma se puede “cancelar arbitrariamente a las organizaciones incómodas”, señaló la organización JusticiaYa, nacida en 2015 con la lucha anticorrupción.
El actual Congreso, recién investido el pasado 14 de enero, no había conocido la iniciativa de reforma de dicha ley desde que tomó posesión. Sin embargo, según denunciaron varios legisladores, fue incluida por sorpresa en una modificación de la agenda del día.
La bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO) enfatizó en sus redes sociales su oposición “a que la Junta Directiva ingrese una ley y la haga pasar por otra”.
Por su parte, la agrupación política Winaq de la premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú, catalogó la aprobación de la ley “como un golpe a la libertad de organización social” y además “es lesiva para las mayorías del país”.
