El Congreso de Tamaulipas manda duro mensaje al JR ¡que se ponga a trabajar!
Cd. Victoria, Tamaulipas.- La facción panista en el Congreso del Estado subió iniciativa de exhorto al “superdelegado” del gobierno federal, José Ramón Gómez Leal, con un solo mensaje: Que se ponga a trabajar.
Por voz de la legisladora Ana Lidia Luévano de los Santos, lo incitan a que gestione la recuperación de apoyos destinados al campo que sufrieron recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019.
De paso, “con todo respeto” se le pide “disminuir sustancialmente los trámites y requisitos necesarios para acceder a dichos programas”.
Le recordó la legisladora que los productores tamaulipecos exigen la liquidación del ciento por ciento del impuesto objetivo del total de toneladas, apoyo del 40 por ciento del seguro agrícola, 75 por coberturas para siembra así como apoyos para diesel y reactivación del Programa Bienestar al ciento por ciento del padrón productivo.
“Los productores nos han pedido ser el conducto para que el gobierno federal recapacite, ante la ya agotada paciencia por la falta de insumos y apoyos que solo provocan atraso en el tan lastimado campo tamaulipeco”, dijo la legisladora.
Por su parte, la bancada del Partido Nueva Alianza presentó iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal, para introducir el delito de ciberacoso con penas de hasta cinco años de cárcel.
Comete ese delito quien acose o amenace por medio de tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital y cause “un daño en la dignidad personal”.
Las penas van de tres meses a tres años de prisión, con un aumento de hasta dos terceras partes cuando se trate de menores de edad.
Se identifican ocho tipos de acoso cibernético: Insultos electrónicos, hostigamiento, denigración, suplantación de identidad, sonsacamiento, exclusión de participar, ciberpersución y happy slapping, este último en que se realiza una agresión física videograba para ser publicado en la red.
La iniciativa menciona como delitos el desprestigio, abuso y explotación sexual relacionado con las tecnologías, monitoreo y acecho y control y manipulación de la información.
En otra iniciativa, el mismo PANAL pidió exhortar al secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, para que tome las medidas necesarias que brinden estabilidad y certeza laboral a los docentes del área de Tecnología Educativa que ahora están bajo contrato.
Según el documento, en el Centro Estatal de Tecnología Educativa laboran 120 personas, de ellos 63 hombres y 57 mujeres que reciben prestaciones muy limitadas.
El CETE nació por publicación del Periódico Oficial del Estado de fecha 26 de octubre del 2004 con una dirección general, dos subdirecciones y cada una con dos departamentos.
La priísta Susana Hernández Flores pidió adiciones al artículo 13 de la Ley de Educación en el Estado para incluir como obligatorio en el sistema educativo, el fomentar y difundir actividades cívicas, de cuidado al medio ambiente, artísticas, culturales y deportivas, mediante la inclusión de materias específicas que permitan al individuo contribuir en su formación académica.
8 AÑOS DE CARCEL A CONDUCTORES HOMICIDAS CON CELULAR
Con una votación dividida, la legislatura aprobó adiciones al Código Penal para otorgar hasta ocho de cárcel a los conductores que, utilizando celulares u otros medios de comunicación, provoquen homicidio imprudencial.
En la etapa de discusión, a iniciativa del diputado Arturo Esparza Parra, fue modificado el contenido del dictamen para eliminar la palabra “bluetooth”, en el contexto de “tecnología de manos libres en el sistema de comunicación del vehículo”.
Cuando los conductores provoquen lesiones, la pena será hasta de seis años y hasta cuatro si solo se ocasionaron daños en propiedad ajena.
La facción del PRI, con once legisladores, no estuvo de acuerdo en eliminar la palabra ni aprobó el dictamen. La representante de Morena, María de la Luz del Castillo Torres votó dos abstenciones.
Dicha reforma quedó avalada por la mayoría de 21 votos.
